El mantra de la lengua

Se repite hasta la saciedad la cantinela de que España (y Cataluña también) es un estado de derecho. Que las actuaciones de los ciudadanos y de los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley, y es en base a esa ley que la Administración puede exigir a un ciudadano que, por ejemplo, pague sus impuestos, como también que ese mismo ciudadano pueda exigir a esa misma Administración que ponga solución a un problema, por ejemplo, de seguridad ciudadana.
Y también sabemos que son los tribunales de justicia los que, por mandato legal también, pueden interpretar la aplicación de esa ley y dichas interpretaciones vinculan tanto a particulares como a las Administraciones públicas.
Pues esto tan bonito y tan evidente, por lo visto no funciona en Cataluña. Se suele dar batalla en la aplicación del modelo lingüístico en las escuelas, sin necesidad de acudir a fuentes legales o judiciales, por dos motivos demasiado evidentes: para adaptar la realidad de la calle a ese modelo educativo, y para que el conocimiento de las dos lenguas mayoritarias en nuestro territorio sea real. Por eso, cuando algunos nos obsequian con perlas del tipo de querer cargarnos la lengua catalana vienen ganas de decirle a quien lo afirma que se pase al descafeinado, por no utilizar términos más gruesos.
Utilizamos indistintamente catalán y castellano en esta sección porque para nosotros es lo más normal del mundo, del mismo modo que respetamos profundamente a quien sólo quiera expresarse en catalán. Perfecto; esto es la riqueza cultural de la que gozamos. En cambio, cuando alguien sugiere adaptar la legislación vigente en cuanto al uso del castellano en la administración catalana por el motivo que le venga en gana, saltan todos los resortes del nacionalismo y se le tacha poco menos que de apestado, cuando no se recurre a argumentos verdaderamente cómicos.
Resulta enfermizo que se mienta y se afirme que si se solicita una documentación en castellano la administración facilitará al usuario esta demanda, a día de hoy es imposible que en esta administración tan solo faciliten una instancia genérica, cuando se nos ha dicho que están disponibles, la realidad supera a la ficción.
Convendría recordar a todos que si actualmente podemos hacer la declaración de la renta por separado, en el caso de matrimonios, fue porque un particular llevó su recurso hasta las últimas consecuencias, ganó, y pocos pueden hablar hoy mal de ello aunque al Estado le repatease el ombligo. Pues en la cuestión del idioma ha pasado lo mismo, por más que algunos no quieran verlo y se dediquen a obsequiarnos con epítetos de lo más enternecedor.
Este es el resultado. Todos somos iguales ante la ley, pero unos somos más iguales que otros. Es de sobras conocido que la legendaria normalización lingüística era una constante expulsión del castellano en el ámbito público, además de enmascarar una política de adoctrinamiento atroz, pero cada cual responderá por sus actos. Lo que es vergonzoso es que algunos, llenándose la boca con la legalidad, simplemente se lo pasen por el arco del triunfo cuando no sea de su agrado. Ya va siendo hora que el mantra de la lengua catalana deje de ser utilizado como tabú por los más reaccionarios que hoy en día gobiernan Cataluña. Sólo se engañan a sí mismos.