Líneas rojas

Hemos de incidir una vez más en una idea recurrente que, por lo visto, algunos no quieren entender. Cuando se habla de un estado de derecho se refiere a que todos los componentes del mismo están sometidos al imperio de la ley, a su cumplimento y a velar por el mismo. Se trata, además, de uno de los pilares básicos de cualquier sistema democrático que se precie, algo más complejo que el mero hecho de depositar una papeleta en una urna y que últimamente se ha visto algo devaluado.

Viene todo esto a cuento porque, después de todo lo vivido esta semana en el Congreso de los Diputados, tuvimos a la vez la desagradable sorpresa de una nueva ocurrencia de nuestro alcalde. Con estas ansias irrefrenables de querer contentar a todo el mundo que le caracterizan nos sorprende ahora con que pretende facilitar el censo para la pretendida consulta si está dentro de la legalidad, lo cual por sí solo general algunos problemas.

En primer lugar, porque como alcalde debiera ser el primero en defender la legalidad a toda costa, su sobrepasada ambigüedad le impide ser claro y solo consigue confundir a los castellarenses/cas, jugar con la entrega del censo para una finalidad cuya legalidad es harto discutible resulta cuanto menos temerario. Pretender disimularlo con la pretendida legalidad de la consulta es un juego de palabras sensacional para contentar al independentismo, pero que sabe perfectamente que legalmente es imposible. Bueno, salvo que pretenda con su actuación cometer una acción de irresponsabilidad, pero estamos seguros que no sobrepasara la línea roja, porque ese 9 de noviembre donde se haga una consulta no llegará y el Sr. alcalde lo sabe perfectamente. Pero lo que sí ha quedado claro ha sido su postura en toda esta parafernalia.

En todo caso, empieza a ser hora de dejar las cosas meridianamente claras. Que la famosa consulta es un solemne brindis al sol, que ni se puede, ni se va a celebrar. El Congreso de los diputados, la gran casa de la Democracia de todos los Españoles y el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que con el marco legal actual es imposible su planteamiento salvo que se modifique la legislación y la propia Constitución, cosa que debiera conllevar un debate mucho más serio que lo planteado hasta ahora por sus impulsores. Ahora es cuando está llegando el momento de que los responsables políticos catalanes dejen de hacer de aprendices de brujo y empiecen a respetar más el marco legal actual.

Ya sabemos que ciertas fuerzas políticas se pasan por el arco del triunfo aquellas decisiones legales y judiciales que no les favorecen, pero que todo un representante del PSOE como el Sr. Giménez no sepa donde se encuentra el sistema democrático establecido comienza a ser preocupante. Una cosa ha quedado plasmada, día tras día se está demostrando que Castellar del Vallès no puede ser gobernado por este alcalde.

Ser alcalde no solo exige toda una responsabilidad como es, gobernar un pueblo, si no también, es tomarse en serio las leyes, el marco jurídico establecido y la democracia.